El gobernador bonaerense Axel Kicillof impulsa una amplia reforma legal para facilitar los mecanismos de reclamo frente al incumplimiento de la cuota (obligación) alimentaria de parte de progenitores en la provincia, que en su mayoría suelen ser los padres.
Esta semana envió a la Legislatura dos proyectos. Uno modifica el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para que se los pueda inscribir desde el primer incumplimiento –y no después de tres meses consecutivos como se exige actualmente–, ya sea que se trate de los alimentos definitivos o provisorios, entre otros cambios.
Otra de las innovaciones es que no sólo se podrá inscribir a los progenitores, sino que también serán alcanzados los empleadores o acreedores que hayan sido intimados previamente por orden judicial, y sean responsables solidarios del pago como lo dispone el Código Civil y Comercial. El otro proyecto incluye una serie de reformas del Código Procesal Civil y Comercial para que las causas por alimentos avancen con más celeridad, como la posibilidad de notificar legalmente el inicio de una demanda a través de un mensaje de Whatsapp. Además, habilita un proceso express en el caso de convenios privados.
Las propuestas incluidas en el proyecto que reforma el Código Procesal Civil y Comercial de Kicillof buscan:
- Establecer parámetros para determinar el monto de la obligación alimentaria, como lo es el Índice Crianza, creado por el INDEC.
- Incorporar al proceso herramientas eficaces para obtener una respuesta rápida, ágil y flexible en un plazo razonable.
- Reducir la litigiosidad en favor de la resolución rápida y pacífica de los conflictos.
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Fortalecer la autonomía en el proceso de toma de decisiones de las mujeres madres, como usuarias del servicio de justicia.
Una de las reformas establece que se podrán enviar las notificaciones a través de mensajería instantánea como el uso de WhatsApp. Esta modalidad había comenzado a funcionar en la pandemia cuando el servicio de justicia fue afectado por las medidas de restricción. Actualmente es una alternativa, pero no todos los juzgados la aceptan. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? “Acelerar el proceso. Uno de los obstáculos procesales que limitan el acceso a la justicia para la determinación de la cuota alimentaria es la dificultad para notificar al deudor alimentario mediante el uso de cédula, ya que muchas veces el domicilio es de difícil acceso o es desconocido. Además, los recursos utilizados para conocer el domicilio del demandado, como la solicitud de información del último domicilio a la Justicia Electoral o la opción de realizar una denuncia en sede penal por averiguación de paradero, resultan insuficientes y aumentan los tiempos del proceso”, se explicó.
