Más de 90% de adhesión al paro de ATE en todo el país

“En este momento el Gobierno se debilita. Por primera vez le empiezan a entrar las balas y tenemos que acelerar”, indicó Rodolfo Aguiar. Durante la jornada sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención reducida en organismos esenciales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) relevó un nivel de adhesión superior al 90% en las primeras horas del paro nacional contra la amenaza del Gobierno de miles de despidos a fin de mes. “En este momento el Gobierno se debilita. Por primera vez le empiezan a entrar las balas y tenemos que acelerar”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Por estas horas existe una coincidencia general y es que el Gobierno comenzó a perder apoyo popular. Tenemos que ser capaces de multiplicar las protestas en toda la Argentina y generar un rápido crecimiento de la conflictividad”, ahondó el dirigente estatal.

En referencia a los niveles de adhesión al paro, señaló: “El alto nivel de acatamiento muestra que los estatales le pierden miedo a las presiones, violencia y amenazas de los funcionarios y están decididos a pelear en defensa de sus salarios y puestos de trabajo”.

De cara a lo que pueda pasar con los intentos de represión policial, Aguiar apuntó: “El protocolo de Bullrich es inconstitucional pero también pierde legitimidad. Lo tenemos que enfrentar para no naturalizar la represión de los jubilados y los trabajadores que deciden reclamar”.

“La democracia en este momento se encuentra gravemente restringida en el país. Luego de finalizar el paro, inmediatamente vamos a convocar a una nueva reunión de Conducción Nacional para evaluar la continuidad de este plan de acción. Tenemos que aprovechar este momento de confusión gubernamental”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

La Administración Pública Nacional, las provinciales y municipales se ven afectadas por la medida de fuerza; los hospitales funcionan sólo con guardias mínimas y los organismos esenciales atienden únicamente emergencias. En tanto, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles, los porteros de escuelas, auxiliares de educación y el mantenimiento de espacios verdes también se ven alcanzados por la medida de fuerza.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la mayoría de los ministerios habrá cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo a partir de las 11 de la mañana. La Conducción Nacional del sindicato se movilizará a partir del mediodía hacia la Plaza de Mayo y realizará una olla popular frente a la Casa Rosada. En tanto, la medida se replica en todo el país con cortes de rutas y movilizaciones a las casas de gobierno en la mayoría de las provincias.

En la previa de la movilización ya hay trabajadores del Ministerio de Justicia y de otros organismos públicos que comenzaron a recibir telegramas de despidos, como así también comunicaciones informales de cesantías.

Son casi 65.000 los contratos del Estado que fueron renovados tan solo por tres meses, miles de los cuales el Gobierno planea concluir este 30 de septiembre. Además, ATE también reclama por la pérdida del poder adquisitivo de los estatales que ya supera el 30% en lo que va del año y podría empeorar a partir de la amenaza de congelamiento salarial.

En este marco, el sindicato hizo hincapié en la situación que atraviesan los trabajadores provinciales y municipales, quienes perciben haberes muy por debajo del promedio y que podrían verse considerablemente afectados a partir de la presentación del Presupuesto 2025, donde el presidente Javier Milei exigió a los gobernadores que realicen un ajuste de 60 mil millones de dólares en sus distritos.

Cabe recordar que en la semana previa al paro, el Gobierno decidió denunciar penalmente al Secretario General de ATE por infundir el temor público en el marco de la protesta realizada en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), accionar que el gremio denunció como un intento de acallar y criminalizar las protestas.

En tanto, el sindicato se muestra optimista ante la presentación de una acción judicial para que se declaren inconstitucionales los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad en el sector público, permitiendo que se pueda despedir incluso a los trabajadores de la planta permanente. Al respecto, el Juzgado Nacional de 1era Instancia del Trabajo N°37 ya declaró su competencia para tratar el caso.