Implicando 400 despidos más, que se suman a los miles que se vienen dando, el Ministerio de Justicia sostuvo que esas oficinas «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias».
El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), espacios multidisciplinarios de atención legal primaria gratuita que asisten a poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. Según el Ministerio de Justicia, esas oficinas «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias». Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos.
El pasado viernes, Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, comentó: «Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy y que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad».
Los CAJ son 105 en todo el país, ubicados en todas las provincias, en barrios vulnerables, de alta densidad poblacional. «Están compuestos por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo en dónde se realizan abordajes Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales, garantizando una escucha transversal e interdisciplinaria, en donde siempre hay uno o más derechos insatisfechos», explicaron desde ATE.
