La legisladora Magdalena Odarda impulsa un proyecto de ley que prohíbe la venta a granel que plantea ARSA

El gobierno de Río Negro experimenta un preocupante giro en la gestión de sus recursos hídricos. La reciente iniciativa de permitir la «venta de agua a granel» plantea serias dudas sobre el futuro del acceso al agua, un bien fundamental y derecho humano inalienable, especialmente en un contexto de emergencia hídrica y cambio climático.

Por ello, la legisladora del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, presentó un proyecto de ley con el objetivo de asegurar que el acceso al agua permanezca como un derecho humano y no sea objeto de mercantilización. La iniciativa busca prohibir la exportación de agua garantizando su disponibilidad para el uso local y la preservación de este recurso esencial. Además, reafirma la Soberanía Provincial evitando que intereses privados o externos puedan poner en riesgo la disponibilidad de agua para la población y los ecosistemas locales. Propone garantizar que todos los ciudadanos, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos, tengan acceso a agua potable y segura.

“La empresa estatal Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima anunció la apertura de licitaciones para adquirir equipos y vehículos destinados a la venta de agua a granel, con una inversión inicial de 120 millones de pesos. Este anuncio genera inquietud dado que el agua, reconocida por la Constitución Nacional y diversas convenciones internacionales como un derecho humano fundamental, debería ser gestionada en beneficio del interés general y no como un recurso comercializable”, afirmó la autora del proyecto.

Río Negro enfrenta una crisis hídrica severa, declarada en varias ocasiones debido a la sequía persistente y la inadecuada distribución del agua. Los informes de organismos como el INTA y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas confirman una disminución en la disponibilidad de agua, afectando tanto a la población como a las actividades productivas vitales para la región. En este contexto, la propuesta de comercializar agua en lugar de priorizar su distribución equitativa y sostenible resulta particularmente preocupante.

La propuesta legislativa subraya la necesidad de proteger el agua como un bien común, esencial para la vida y el desarrollo sostenible. La mercantilización del agua y su potencial exportación son temas de gran preocupación, especialmente en un contexto de creciente escasez y emergencia hídrica. Es fundamental que el manejo del agua esté guiado por principios de justicia social y equidad, priorizando el bienestar de la población sobre los intereses comerciales.

“Se busca garantizar que el agua en Río Negro continúe siendo un recurso gestionado con responsabilidad y en beneficio de toda la comunidad. La propuesta es un llamado a la reflexión sobre cómo se deben tratar los recursos naturales y destaca la importancia de mantener el agua como un derecho humano esencial y no como una mercancía”, concluyó Odarda.