El proyecto de Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, fue aprobado en primera vuelta en la sesión de Legislatura.
La venta, uso y comercialización de pirotecnia sonora quedarán prohibidas en todo el territorio de la provincia de Río Negro. El proyecto impulsado por la legisladora del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, fue aprobado este jueves en primera vuelta.
La iniciativa votada de manera unánime en la Cámara se fundamenta en los riesgos que genera su utilización, ya que afecta tanto a las personas y animales como al medio ambiente. La pirotecnia, en especial la de estruendo, genera contaminación auditiva, accidentes graves, incendios y reacciones negativas en grupos vulnerables como personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y animales domésticos y silvestres.
El proyecto busca evitar la comercialización y uso indiscriminado de estos elementos pirotécnicos, apuntando a reducir los daños auditivos, físicos y psicológicos, así como los accidentes fatales que suelen ser comunes en las festividades de fin de año. Además, hace hincapié en el sufrimiento que genera en animales y personas con hipersensibilidad auditiva, en particular los niños con TEA, quienes experimentan crisis nerviosas y estrés ante los estruendos.
La prohibición también abarca la producción y fabricación de pirotecnia sonora, para evitar no solo los daños inmediatos, sino también el impacto ambiental derivado de los residuos tóxicos que estos productos generan.
A lo largo del proyecto se destacan experiencias legislativas provinciales y municipales que han avanzado en la regulación de la pirotecnia. Provincias como Tierra del Fuego, Neuquén y Mendoza ya han implementado normativas similares, y varios municipios de Río Negro, como Bariloche, Allen Viedma y General Roca, han optado por prohibir o restringir su uso, logrando una mayor conciencia sobre los riesgos.
Por todo ello, el proyecto de Odarda propone implementar una política pública que priorice la seguridad, la salud y el bienestar, tanto de las personas como de los animales, por encima de cualquier interés económico ligado a la comercialización de estos productos, llegando a imponer sanciones tales como multa o clausura de locales en caso de incumplimiento.
A los efectos de la plena operatividad del proyecto de ley, se espera su aprobación en segunda vuelta.