En medio de las medidas de fuerza que ATE lleva adelante en varios edificios públicos por la finalización de contratos indiscriminados, el Gobierno confirmó que ya son 15 mil los empleados estatales despedidos.
En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión es para «achicar el Estado» y que el «personal no necesario» va a dejar de cobrar un ingreso.
También expresó que «lo que sea fuera de la ley tendrán las consecuencias correspondientes en cada caso», en relación ante algún intento de ingreso a los edificios por parte de los manifestantes. Lo que coincide con las advertencias del ministro de Defensa, Luis Petri: «Intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias».
Por su parte la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dio comienzo al plan de lucha que incluye toma de edificios públicos, paro y movilizaciones. Es contra los más de 11.000 despidos promovidos por el gobierno de Javier Milei.
“Vamos a ejercer derechos constitucionales: de huelga, de peticionar, de reunión y de libertad de expresión”, comentó Rodolfo Aguiar, líder de la central sindical. Además, repudió la posibilidad de que el Gobierno impida a los trabajadores cesanteados volver a su lugar de trabajo y lo hizo responsable de una eventual represión.
